Julián Andrade
Florence Cassez “está destruida” y considera que su condena significa “la pena de muerte”. 60 años, en efecto, son muchos y más si se tienen 34 años.
Su abogado francés, Franck Berton, le declaró a Libération, de París, que la decisión del presidente Felipe Calderón, de no permitir el traslado de Cassez a Francia, es “un acto electorero”.
El vocero del ministerio de la cancillería francesa, Frédéric Desagneaux, piensa que la determinación mexicana es “difícilmente comprensible” y por ello llama a la familia Cassez a buscar todos los recursos posibles para continuar con el caso.
El litigante mexicano, Agustín Acosta, recurrirá a instancias internacionales para denunciar “las inconsistencias” de la investigación que llevó a la condena de Cassez como secuestradora.
En blogs y páginas electrónicas francesas las opiniones están divididas.
Algunos lectores del diario parisino señalan que es una buena lección para la soberbia de Nicolás Sarkozy. Otro más anunció que “dejará de comer guacamole” y muchos otros tienen una opinión ambigua.
El tema, desde cualquier punto de vista, es delicado. El poder judicial resolvió que Cassez es secuestradora y que pertenecía a la banda de los Zodiaco, comandada por su novio, Israel Vallarta, con quien fue detenida en 2005.
Víctimas de Cassez la han reconocido y uno de sus cómplices señaló, hace unas semanas, que la francesa casi era la jefa de la organización delictiva.
Cuando fue detenida por la Agencia Federal de Investigación, es verdad, se montó un operativo mediático, se invitó a periodistas televisivos y se fingió un rescate. Una vergüenza desde cualquier perspectiva legal y un sólido argumento para quienes desconfían de las indagatorias.
El presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, terminó de complicarlo todo, al trasformar una visita oficial en una jornada de defensa de su paisana.
El gobierno mexicano gastó en la visita más de un millón de pesos. La Secretaría de Relaciones Exteriores desembolsó 760 mil pesos y el Estado Mayor Presidencial 488 mil pesos para seguridad y logística. Los gastos duelen más cuando las cosas no salen bien.
Para salir del paso se creó una comisión binacional para estudiar si era factible el traslado de Cassez a Francia. El tratado de Estrasburgo así lo permite, siempre y cuando el país de condena esté de acuerdo.
Los representantes de ambos países se reunieron dos veces. No hubo forma de garantizar que Cassez cumpliera su condena o que por lo menos permaneciera en prisión. Las leyes francesas son menos duras en el delito de secuestro.
Algo es seguro, Sarkozy ya no comerá guacamole, al menos por un tiempo.
jueves 25 de junio de 2009
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