Triste suerte para la Fiscalía Electoral

Julián Andrade


Conversé con José Luis Vargas a las pocas semanas de su llegada a la Fiscalía Electoral, en julio de 2010.

Lo conocía de tiempo atrás, por ello no me sorprendió su puntual conocimiento de los temas electorales, pero también de las presiones que el crimen organizado pudiera generar si los bandidos intentaban colocar candidatos o de plano vetarlos, como ha sucedido en algunas regiones del país.

Vargas sabía de lo que hablaba y supongo que su paso por el CISEN le permitió tener un panorama claro de lo que podía ocurrir.

Quienes han trabajado en áreas de inteligencia, y no son unos fantoches, suelen ser bastante mesurados en sus juicios por esa distancia reflexiva que produce la información de calidad.

Vargas sabía de los retos que enfrentaba, y enfrenta, el país en el tema de la seguridad, pero también de los enormes avances democráticos a lo largo de las últimas dos décadas.

El entonces fiscal, sin embargo, estaba convencido de que se requería una legislación que le diera más dientes a la FEPADE y que permitiera indagar en nuevas formas de delito electoral, donde una de las más importantes era la utilización de recursos monetarios no regulados y mucho menos declarados.

La llegada de Vargas a la Fiscalía significó una verdadera revolución y tuvo los logros más importantes de su historia.

Es más, el nivel de consignaciones de la Fiscalía es de los más altos en la procuraduría.

Cuando lo invitaron a participar en la PGR aclaró que concebía el cargo con la independencia técnica que es la única forma de garantizar una buena procuración de justicia.

El procurador, Arturo Chávez Chávez, estuvo de acuerdo y no podía ser de otro modo si se quería contar con un referente de autoridad que generara confianza.

Quizá al final estas virtudes fueron las que ya no amarraron en un momento en que todas las prioridades del gobierno federal se reducen a una: derrotar al PRI.

El ex fiscal Vargas, no sobra recordarlo, no pertenece a ningún partido político y su carrera se debe a sus méritos y talento.

Pero cuestiones como éstas van a seguir ocurriendo mientras no se dote al Ministerio Público de total autonomía. México es de los pocos países donde el titular de la PGR es nombrado por el presidente de la República y que, aunque es ratificado por el Senado, en el fondo es un miembro más del gabinete.

Sólo con fiscales ajenos al poder político, es como se podrán obtener coordenadas que doten de mayor certeza a decisiones que de todas formas suelen ser polémicas.

El futuro de la Fiscalía Electoral es sombrío. El perfil de la nueva encargada, la licenciada Imelda Calvillo Tello, no parece ser el más adecuado para tratar temas que son, de modo fundamental, de derecho electoral.

La nueva fiscal tendrá que meterse de lleno, y pronto, en su nuevo trabajo y entrar en esa siempre complicada curva de aprendizaje y en pleno proceso electoral.

¿Ya se pudrió la investigación de Paulette?

Julián Andrade ( La Razón, 4 de abril)
¿Qué le ocurre a Alberto Bazbaz? El procurador del Estado de México está en un aprieto y bastante grande.
Durante la Semana Santa hizo revelaciones que apuntaban a los padres de la niña Paulette Gebara como probables responsables de la desaparición de la niña. Por eso fueron arraigados. Todo cambió cuando el cadáver fue descubierto, en el cuarto de la niña. Alguien lo puso ahí o la incompetencia de la policía judicial y de los peritos es inmensa.
Bazbaz calificó a Lizette Farah como “indiciada”. En lenguaje llano esto quiere decir que era sospechosa y sujeto de interés en el caso. Todo esto lo hizo el titular del Ministerio Público en conferencia de prensa, donde también se afirmó que la madre de la niña tenía “problemas de personalidad”.
Fueron días tensos en los que la investigación parecía avanzar por buen camino. Ante los desastres a los que estamos acostumbrados se abría una luz de esperanza en el camino. Esta vez no habrá impunidad, pensamos varios.
El levantamiento del arraigo de los padres de Paulette y de las trabajadoras domésticas puede significar un giró en las investigaciones que impliquen que las sospechas ahora apuntan a otro lado, una preparación para atar cabos y consignar a los responsables o un anuncio de que el caso se está complicando, como siempre en México.
Con frecuencia se acusa a los medios de hacer especulaciones sin razón, de no respetar la vida privada y de erigirse en Ministerios Públicos. Así pasa a menudo, pero en esta ocasión la responsabilidad primaria es de la autoridad. Toda la información delicada e importante del asunto, fue proporcionada en boletines y declaraciones oficiales.
El procurador Bazbaz dice que “no aceptará presiones” para apurar la resolución del homicidio. ¿Quién lo presiona? ¿Hay gente poderosa que lo quiere ver resbalar? ¿La insistencia de los medios afecta las indagatorias?
Si se respondiera a estas preguntas es seguro que contaríamos con pistas de cómo se van desarrollando las cosas.
Hay un interés legítimo en la historia, porque esta se hizo pública desde que la niña Paulette Gebara desapareció de su domicilio.
Las investigaciones por ley son secretas, entre otras cosas para no afectar a terceros, pero la información que surge en los temas relevantes puede servir para evitar la impunidad.
La supervisión pública del trabajo de las procuradurías puede ayudar a que los criminales no se salgan con la suya.
Puedo parecer ingenuo, pero aunque hay datos fundados de que la investigación puede estar desbarrancándose, todavía creo que sabremos quién mató a Paulette Gebara. A estas alturas el más interesado debe ser el procurador Bazbaz, quien sin duda se juega algo más que el cargo, la credibilidad.